El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) han firmado un acuerdo para, además de abrir distintas vías de colaboración, promover la actualización de los grupos de clasificación profesional para el acceso a la función pública a la estructura de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales vigentes.

Ambas entidades, representadas por el presidente del INGITE, José Antono Galdón y su homónimo en el CGATE, Alfredo Sanz, reclaman, junto a otros colectivos, la equiparación de los profesionales públicos con el mismo nivel académico (Título de Grado) y misma responsabilidad de las funciones a desempeñar, como ocurre en el sector privado. En la actualidad, son titulados universitarios todos aquellos que obtienen un título de Grado, por lo que todos estos profesionales deben pertenecer al Grupo A sin ningún tipo de distinción.

Tanto el INGITE como el CGATE forman parte de la “Plataforma Grupo A”, desde la que se pide acabar con esta discriminación laboral que afecta a más de dos millones de empleados públicos. Esta Plataforma exige que no existan subgrupos dentro del Grupo A.

Según declaraciones de Galdón, “pedimos que se modernice la Función Pública y se apliquen los mismos criterios que en el ámbito privado donde los graduados no tenemos límites, lo cual redundará en una mayor competitividad y un mejor servicio al ciudadano”.

“El proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado recoge dentro del grupo A de cuerpos y escalas dos subgrupos, representando un agravio entre los profesionales del sector público, ya que las titulaciones de Grado correspondientes, entre otras, a los ámbitos de la arquitectura técnica, o ingeniería técnica son encuadradas en el subgrupo A2, cuando deberían estarlo en el subgrupo A1”, considera Sanz.

Tanto CGATE como INGITE se comprometen, a través de este convenio marco, a desarrollar una estrategia común dirigida, entre otras cuestiones, a participar activamente en la tramitación del proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado y, particularmente, en la sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización.