Colegios profesionales y sindicatos que representan a profesionales de los ámbitos de la Sanidad, Educación, Trabajo Social, Ingeniería y Arquitectura se han unido en la ‘Plataforma Grupo A’ para acabar con la injusta discriminación laboral que afecta a más de dos millones de trabajadores de nuestro país sin que la administración pública haya hecho nada hasta el momento para poner fin con la injusta, lesiva y denigrante situación que sufren desde hace años.
El pasado 19 de mayo se ha realizado la presentación de la ‘Plataforma Grupo A’, en donde representantes de más de una docena de colegios profesionales y sindicatos han explicado que el problema radica en que distintos colectivos se encuentran incluidos en el subgrupo A2, dentro de la clasificación profesional de la administración pública, en lugar de formar parte de un único Grupo A, sin subgrupos, lo que supone un claro “techo de cristal” a su desarrollo profesional, al no poder optar, por ejemplo, a puestos de gestión y responsabilidad dentro del ámbito público.
Según explicaron, esta situación no tiene ninguna razón ni fundamento desde que se comenzó a implantar en España el Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, y se extinguiesen los planes de estudios de licenciatura y diplomatura. Así, en la actualidad, son titulados universitarios todos aquellos que obtienen un título de Grado, por lo que todos estos profesionales deben pertenecer al Grupo A sin ningún tipo de distinción.
José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), que ejerció como portavoz de las Ingenierías en la rueda de prensa, comenzó contextualizando la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior, y la implantación de los nuevos títulos de Grado como la base y referencia a nivel europeo para la movilidad y el ejercicio profesional, lo cual no se ha trasladado al empleo público, indicó.
“Pedimos que se haga justicia, se modernice la Función Pública y se apliquen los mismos criterios que en el ámbito privado donde los Graduados no tenemos límites, lo cual redundará en mayor competitividad y mejor servicio al ciudadano. Reclamamos dignidad, reconocimiento e igualdad de condiciones que el resto de los titulados de Grado, que recuerdo es la titulación de acceso a las actividades de carácter profesional. A partir de aquí, y aplicando los principios de mérito, capacidad e igualdad, que deben imperar en el empleo público, habría que considerar las competencias individuales y el Desarrollo Profesional Continuo DPC (experiencia y formación), como elemento diferenciador que deben regir los procesos selectivos y en la carrera profesional dentro de la administración, pero eliminando esas barreras artificiales que tenemos unos pocos titulados y solo en el ámbito público. La administración necesita ser mas competitiva, moderna y estar en sintonía con la sociedad que sigue avanzando”, destacó Galdón.
Reiteraron que la vigente clasificación profesional que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 76, no es coherente ni respeta la nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada tras el proceso de Bolonia, al perpetuar, con denominación diferente (subgrupo A1 y subgrupo A2), la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de Licenciado, Arquitecto e Ingeniero y Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico (grupo A y grupo B antiguos). Todo ello, a pesar de que el proceso de implantación de las nuevas titulaciones se produjo en el año 2011, siendo el último curso académico que ofertó las antiguas titulaciones el 2010/2011, agregaron.
En la actualidad, la práctica totalidad de las actuales titulaciones universitarias son Grados de 240 ECTS, pudiendo todas ellas gracias a ese número de créditos acceder a los estudios de máster y posteriormente al doctorado. Por ello, tiene aún menos sentido esta diferenciación absolutamente anacrónica y artificial que se hace con las antiguas diplomaturas, arquitectura e ingenierías técnicas frente a las antiguas licenciaturas, arquitectura e ingenierías, explicaron.
José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) y del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), también participó en la rueda de prensa. “Pedimos que se modernice la Función Pública y se ponga al servicio de la sociedad, para dar un mejor servicio al ciudadano, y sea competitiva. Aplicando mérito, capacidad e igualdad, lo que estamos pidiendo es ese reconocimiento, que se tenga en consideración que ya existe una única titulación de Grado, que es la que da acceso a cualquier actividad de carácter profesional, y que se considere, por supuesto, todo el Desarrollo Profesional Continuo (DPC), tanto la formación como la experiencia, y que, de alguna forma exista también esa motivación especial, que ya se recoge en el ámbito privado y no en el sector público”, explica. En este sentido, continúa Galdón, “no tiene que haber una limitación, basada únicamente en la titulación, y tendría que premiarse el DPC, y el esfuerzo que cada profesional va realizando a lo largo de su vida”.
Asimismo, integrantes de la plataforma denunciaron que llevan tiempo trasladando esta lamentable realidad al conjunto de administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, así como a los distintos partidos políticos, y, hasta la fecha, no han dado ninguna respuesta satisfactoria. “Están demostrando un grave desinterés e incapacidad para solucionar el problema existente”, añadieron.
Según la Plataforma, no es aceptable para los empleados públicos perjudicados que se pretenda establecer, para justificar la diferenciación actual entre el subgrupo A1 y el subgrupo A2, las presuntas diferencias en la cualificación y nivel de responsabilidad asumido entre las antiguas diplomaturas y licenciaturas universitarias y las actuales titulaciones de Grado universitario que las han venido a sustituir.
“Si tenemos la misma consideración a nivel académico, lo único que reclamamos es tener las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento profesional. Se trata de una cuestión de dignidad y respeto profesional hacia los más de dos millones de trabajadores del sector público afectados en nuestro país”, reiteraron.
Por todo ello, los integrantes de la Plataforma reclaman que se modifique el artículo 76 del EBEP, para suprimir la subclasificación del Grupo A, ya que su aplicación está perpetuando un criterio de clasificación que ha generado un agravio entre profesiones con el mismo nivel académico (Título de Grado) y cuyo grado de responsabilidad de las funciones a desempeñar en nada pueden justificar esta diferenciación. También demandan que se paralice la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública del Estado hasta que no se modifique el EBEP y se recojan sus consideraciones.
La Plataforma está constituida por el Consejo General de Colegios de Enfermería (CGE); el Sindicato de Enfermería, SATSE; el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública, ANPE; el Consejo General de Colegios de Logopedas; el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales; el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España; el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE); el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España; el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural; el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España ; el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica y el Consejo General del Trabajo Social.
