Desde el el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España se han presentado propuestas con el objetivo de que la próxima modificación de la Ley de Función Pública trate de asegurar un trato justo y equitativo para los graduados en ingeniería.
Actualmente, estos profesionales ven cómo su formación y habilidades no son valoradas como merecen, lo que lleva a muchos jóvenes talentos a buscar oportunidades fuera de España.
La situación actual, heredada del sistema pre-Bolonia, no solo afecta a los ingenieros, sino también a la capacidad para retener el talento que España necesita. Es urgente una reforma que reconozca de manera justa a todos los profesionales técnicos y garantice la igualdad en el acceso a la función pública.
Continua sin resolverse definitivamente, pese a algunos avances legislativos que se han producido en el último año (Real Decreto 822/2022 y Real Decreto 889/2022), la problemática relativa a (i) los denominados grados blancos, sin atribuciones profesionales; (ii) la consagración innecesaria de los másteres integrados; y (iii) el insuficiente reconocimiento de la experiencia profesional o laboral, en lo que respecta al volumen de créditos reconocibles por razón de dicha experiencia (de especial trascendencia para la ingeniería técnica).
Dado el tiempo transcurrido desde que finalizó la implantación del EEES, resulta incuestionable que ha llegado el momento de acabar con el régimen transitorio que contemplan los dos Acuerdos del Consejo de Ministros, de 26/12/2008, publicados ambos en el BOE de 29/01/2009, sobre las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico e Ingeniero, distinción que, a día de hoy, carece de sentido y que, a medida que vaya trascurriendo el tiempo, tendrá menos sentido aun.
Se mantiene, pues, la dualidad de profesiones reguladas en la ingeniería, perpetuando el sistema obsoleto de los cuerpos, tal como se configuran en la actualidad y se desaprovecha la oportunidad de avanzar, racionalizando los requisitos y adaptando la función pública española al entorno actual, como el Anteproyecto dice pretender. El sistema de profesiones y cuerpos en la Administración del Estado obedece a patrones meramente históricos, regulados por Decretos preconstitucionales, que no responden a la realidad del ejercicio actual de las profesiones, ni a la de la estructura de los estudios.
¡Es hora de que los grupos políticos escuchen nuestras demandas y trabajen para evitar que más jóvenes talentos se vayan!.