El pasado 29 de octubre se ha celebrado un encuentro entre el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) y el Senador del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, Jorge Ibarrondo, propiciado por la Asociación Española de Ingenieros en Geomática y Topografía
A este encuentro asistió el presidente del INGITE, Emilio Viejo, el vicepresidente, Andrés Díez, el Tesorero, José Luis Leandro y el vocal de Asuntos Internacionales, José Javier Medina. En el transcurso de la reunión se ha hablado de diversos temas relacionados con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y con la Certificación Profesional.
Durante la reunión Ibarrondo manifestó el convencimiento de que los colegios profesionales son la máxima garantía para el ciudadano, de cara a evitar el intrusismo y garantizar la formación más adecuada para la prestación de unos servicios de calidad a la sociedad. “Está más que probado que estas instituciones lo hacen bien”, afirmó el Senador. También explicó que ha promovido diferentes comparecencias relacionadas con el Anteproyecto de Ley y continuará recibiendo a los implicados de los diferentes sectores, tanto de las diferentes profesiones implicadas como de las autoridades ministeriales relacionadas.
El Presidente del INGITE, Emilio Viejo, destacó que algunos de los aspectos que contempla la nueva ley son positivos, como la regulación de la autoridad competente, la unificación de un código deontológico, la incompatibilidad de cargos directivos o la necesidad de realizar auditoría de cuentas en los Colegios Profesionales para mejorar la transparencia.
Desde el INGITE se puso de manifiesto la preocupación del colectivo sobre los aspectos del Anteproyecto de Ley relativos a la colegiación obligatoria. Según indicó el propio Medina, la colegiación obligatoria debería ser extendida a todos los profesionales que participan en la elaboración de un proyecto y no sólo al que lo firma, que es lo que únicamente recoge el citado Anteproyecto de Ley. Si se llega a excluir a quienes no firman proyectos pero participan en ellos, es difícil que cada Colegio Profesional pueda ejercer plenamente su función de control deontológico.
En otro orden de cosas, se le transmitió a Ibarrondo la necesidad de poner en práctica los aspectos relativos a la certificación de personas que están recogidos en el Anteproyecto de Ley. Para los profesionales supone un reconocimiento de las capacidades en el desarrollo de las tareas, supone la revalorización en un mercado laboral cada vez más competitivo, supone una garantía en la actualización y puesta al día de sus conocimientos y favorece la movilidad. Para las empresas y los ciudadanos minimiza los riesgos, reduce tiempos y costes y aumenta la confianza de los consumidores finales.
Se puso de manifiesto que la certificación de personas persigue aportar confianza en la competencia de un profesional para realizar determinadas actividades, entendiendo por «competencia» al conjunto de conocimientos, experiencia profesional y habilidades requeridas y demostradas para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
